¡Hola! En la lección anterior distinguimos el tratamiento de datos de salud y los derechos del RGPD. Ahora cambiamos de pregunta: ¿quién puede autorizar una actuación sanitaria y quién puede consultar la documentación que deja esa atención? No son el mismo consentimiento ni el mismo derecho de acceso.
Para resolver supuestos de oposición, trabajaremos con dos normas: la Ley 41/2002, básica para todo el Estado, y la Ley gallega 3/2001, que concreta reglas especialmente útiles sobre el formulario de consentimiento y la conservación de la historia clínica. El objetivo es decidir si una actuación es conforme, no estudiar cada artículo por separado. Tiempo orientativo: unos 45 minutos, incluidas las lecturas.
1. Consentir una actuación: primero información, después decisión
El consentimiento informado es la conformidad libre, voluntaria y consciente del paciente, después de recibir información adecuada, para una actuación que afecta a su salud. El titular de la decisión es, como regla, el propio paciente. La información asistencial suele darse verbalmente y dejar constancia en la historia clínica; debe permitirle entender la finalidad y naturaleza de la intervención, sus riesgos y sus consecuencias.
La regla que más aparece en test es esta: el consentimiento es verbal por regla general, pero debe prestarse por escrito para una intervención quirúrgica, un procedimiento diagnóstico o terapéutico invasor, o un procedimiento con riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa para la salud. No basta con que exista un formulario firmado: debe haberse facilitado información suficiente sobre esa actuación y sus riesgos.
Lee los artículos 8 y 9 de la Ley 41/2002 en el BOE. Son la base para identificar cuándo se exige escrito, quién decide y cuándo cabe actuar sin consentimiento.
En el capítulo IV, «El respeto de la autonomía del paciente», lee completos «Artículo 8. Consentimiento informado» y «Artículo 9. Límites del consentimiento informado y consentimiento por representación». En el artículo 8, sigue la regla y sus excepciones hasta la revocación. En el artículo 9, desde el apartado sobre la renuncia a ser informado hasta el final, localiza los límites y la representación. Fíjate especialmente en los apartados 2, 3, 4 y 7.
La ley gallega añade detalles prácticos. Obtener el consentimiento es un deber del médico, no una decisión que corresponda al personal administrativo. El formulario escrito debe identificar, entre otros extremos, el centro, el procedimiento, a quien consiente y al médico que informa; también debe recoger lugar, fecha y firmas, la posibilidad de revocación y la constancia de entrega de una copia y de comprensión de la información. Desde un puesto administrativo puede comprobarse que el documento está correctamente incorporado y tramitarse una incidencia; no se sustituye con ello la explicación clínica del facultativo.
BOE-A-2001-12770 Ley 3/2001, de 28 de mayo ...
Consulta la Ley gallega 3/2001 en el BOE para completar la regla estatal con lo que se comprueba en un formulario y con el derecho a rechazar un tratamiento.
En el título II, «Del consentimiento informado», lee «Artículo 3. Definición» y «Artículo 4. Prestación del consentimiento». En el primero, fíjate en la decisión y la negativa; en el segundo, termina en la voluntad anticipada que «conste por escrito debidamente firmada». Después, en «Artículo 8. Características de la información previa al consentimiento» y «Artículo 10. Contenido del documento formulario», revisa desde el contenido informativo y desde los datos del formulario. Lee también «Artículo 11. Excepción y límites del consentimiento informado» para contrastarlo con el artículo 9 estatal.
Dos matices evitan respuestas automáticas. El paciente puede negarse al tratamiento, con las excepciones legales, y su negativa debe constar por escrito. También puede revocar por escrito el consentimiento en cualquier momento. En cambio, expresar que no desea recibir información no significa que se prescinda sin más de su consentimiento: la renuncia se documenta y tiene límites.
2. ¿Decide el paciente, otra persona o se actúa sin consentimiento?
En un supuesto sobre representación, empieza por la capacidad para comprender y decidir respecto de la actuación concreta. Una discapacidad no convierte automáticamente a un familiar en quien decide: deben ofrecerse los apoyos y formatos accesibles que permitan al paciente prestar por sí mismo el consentimiento cuando sea posible. Si, a criterio del médico responsable, el paciente no puede decidir o su estado le impide hacerse cargo de la situación, la Ley 41/2002 prevé el consentimiento por representación; si no hay representante legal, pueden prestarlo las personas vinculadas por razones familiares o de hecho. El paciente debe participar en la medida de lo posible.
Con menores, evita memorizar una sola edad para todos los casos. Si el menor no comprende intelectual ni emocionalmente el alcance de la intervención, consiente su representante legal tras escuchar su opinión conforme a las reglas aplicables. Para menores emancipados o mayores de 16 años, la regla es que no cabe consentimiento por representación en los supuestos ordinarios descritos por la ley. Pero, si la actuación comporta grave riesgo para su vida o salud según el facultativo, consiente el representante legal una vez oída y tenida en cuenta la opinión del menor.
BOE-A-2001-12770 Ley 3/2001, de 28 de mayo ...
Lee el artículo gallego sobre sustitución para reconocer sus supuestos, sin perder de vista la regla básica estatal que acabas de estudiar para los menores en actuaciones de grave riesgo.
En el título II, lee completo «Artículo 6. Otorgamiento del consentimiento por sustitución». Empieza por los casos de imposibilidad de decidir y representación; después sigue el caso del menor y la exigencia final de actuar a favor del paciente. El texto gallego contiene formulaciones anteriores sobre capacidad y grave riesgo: para resolver esos puntos, compáralas con los apartados 4 y 7 del artículo 9 de la Ley 41/2002.
Representación no es lo mismo que excepción al consentimiento. Los facultativos pueden realizar las intervenciones clínicas indispensables sin obtenerlo en los supuestos legales de riesgo para la salud pública y de riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del paciente cuando no es posible conseguir su autorización. En este último caso se consulta, cuando las circunstancias lo permitan, a familiares o personas vinculadas. No se trata de una autorización general para omitir el consentimiento por comodidad o por falta de tiempo en un trámite ordinario.
3. La historia clínica: finalidad asistencial y acceso limitado
La historia clínica reúne documentos sobre la situación y evolución clínica del paciente a lo largo de su asistencia; incluye la identificación de los profesionales intervinientes. Su finalidad principal es facilitar una atención adecuada. Puede conservarse en distintos soportes si se garantizan seguridad, integridad y recuperación de la información. El consentimiento informado escrito, cuando procede, forma parte de esa documentación.
Para decidir si un acceso es lícito, identifica quién entra y para qué:
- Los profesionales que diagnostican o tratan al paciente acceden como instrumento para su asistencia.
- El personal de administración y gestión solo puede acceder a los datos relacionados con sus propias funciones. Tener una cuenta habilitada no autoriza a abrir toda la historia.
- Otros accesos —por ejemplo, para inspección, investigación o fines judiciales— tienen reglas y finalidades propias; no equivalen al acceso asistencial ordinario. Quien accede en el ejercicio de sus funciones queda sujeto al deber de secreto.
Lee los artículos 14 a 18 de la Ley 41/2002. Prioriza las reglas que permiten distinguir el acceso funcional del acceso solicitado por el propio paciente.
En el capítulo V, «La historia clínica», lee «Artículo 14. Definición y archivo», «Artículo 15. Contenido» y «Artículo 16. Usos». Desde definición hasta usos, atiende sobre todo al fin asistencial y al apartado 4 del artículo 16, sobre administración y gestión. Continúa con «Artículo 17. La conservación de la documentación clínica» y «Artículo 18. Derechos de acceso a la historia clínica»: desde conservación hasta límites, compara el mínimo estatal de conservación con las reservas al entregar una copia.
El paciente tiene derecho a acceder a su historia clínica y obtener copia; puede ejercerlo mediante representación debidamente acreditada. Esta representación para solicitar documentos no debe confundirse con quien presta consentimiento para una intervención. Tampoco significa entregar indiscriminadamente cada dato: el acceso no puede perjudicar la confidencialidad de terceros cuyos datos consten en la historia en interés terapéutico del paciente, y los profesionales pueden oponer la reserva de sus anotaciones subjetivas.
Ser familiar no da acceso automático a la historia de un paciente vivo. Si este ha fallecido, los centros pueden facilitarla a personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho, salvo prohibición expresa acreditada del fallecido. Siguen existiendo límites: no se facilita información que afecte a su intimidad, a las anotaciones subjetivas o que perjudique a terceros. Si un tercero solicita información por un riesgo para su propia salud, el acceso se limita a los datos pertinentes.
BOE-A-2001-12770 Ley 3/2001, de 28 de mayo ...
La ley gallega ayuda a completar la respuesta cuando el supuesto menciona un centro sanitario gallego, un familiar o una solicitud de copia.
En el título III, «De la historia clínica», lee «Artículo 13. Definición», «Artículo 15. Ámbito territorial» y «Artículo 16. Contenido». Desde historia única y contenido, observa cómo se integran los episodios asistenciales. Después lee «Artículo 18. Propiedad y custodia» y «Artículo 19. Acceso»: desde custodia y límites, distingue al paciente, su representante acreditado, el personal que accede por funciones y las personas vinculadas a un fallecido. Termina el artículo 19 para ver el deber de secreto.
4. Conservar no es guardar todo durante cinco años y destruirlo
Aquí está la diferencia de plazos más rentable para un test. La Ley 41/2002 fija, con carácter general, una conservación mínima de cinco años desde la fecha del alta de cada proceso asistencial, sin perjuicio del tiempo adecuado a cada caso y de otras razones de conservación.
La Ley gallega 3/2001 distingue documentos. Ordena conservar indefinidamente determinada información, entre ella informes de alta, hojas de consentimiento informado y de alta voluntaria, informes quirúrgicos o de parto, de anestesia, de exploraciones complementarias y otra información relevante en los términos de su artículo 20. Para el resto, establece un mínimo de cinco años desde la última asistencia prestada al paciente o desde su fallecimiento. No mezcles este punto de partida gallego con el «alta de cada proceso» de la ley estatal.
BOE-A-2001-12770 Ley 3/2001, de 28 de mayo ...
Cierra la lectura normativa con el artículo que resuelve qué puede destruirse y qué no una vez transcurridos cinco años.
En el título III, lee completo «Artículo 20. Conservación», desde las garantías del apartado 1 hasta la regla para el resto de la información del apartado 3. En la lista y el plazo, separa los documentos de conservación indefinida de los sujetos al mínimo de cinco años. Observa que la conservación puede mantenerse sin el soporte original, con las debidas garantías.
Por tanto, si alguien solicita «borrar mi historia porque han pasado cinco años», no procede destruirla automáticamente. Hay que distinguir la clase de documentos, comprobar los deberes de conservación y tramitar la solicitud por el cauce correspondiente. «Mínimo de cinco años» no significa «fecha obligatoria de destrucción».
Para quedarte con lo preguntable
Ante un caso, separa dos decisiones. Para una actuación sanitaria, comprueba información previa, capacidad del paciente, forma verbal o escrita y, solo si corresponde, representación o excepción legal. Para la historia clínica, comprueba finalidad del acceso, identidad o representación acreditada, límites de terceros y anotaciones subjetivas, y reglas de conservación.
Retén especialmente estas dos trampas: tener parentesco no equivale a poder consentir o acceder siempre, y cinco años no autorizan a eliminar toda la historia. En la siguiente lección aplicaremos el criterio de acceso funcional y confidencialidad a incidentes cotidianos de seguridad y privacidad en el puesto administrativo.
Nota de estudio: para la fecha de corte de la convocatoria, verifica siempre el texto consolidado exigible. Algunos pasajes de la ley gallega conservan formulaciones anteriores sobre capacidad; no deben utilizarse aisladamente para contradecir la regla básica estatal vigente.