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Lesson 2

Fases y plazos del procedimiento administrativo

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¡Hola! En la lección anterior identificamos actos administrativos y distinguimos los de trámite de los que resuelven un procedimiento. Ahora toca colocar cada actuación en su sitio: cómo comienza un expediente, qué reglas lo hacen avanzar, cómo se reúnen los elementos para decidir y de qué formas termina.

El objetivo para el test es reconocer la función del trámite y asociarle su plazo, sin confundir dos «diez días» que significan cosas distintas. La referencia es la Ley 39/2015. Tiempo orientativo: 40–45 minutos, incluidas las lecturas y los vídeos señalados.


1. El mapa: cuatro fases, pero no cuatro compartimentos estancos

Piensa en una solicitud relacionada con un servicio sanitario: primero se presenta; después se incorpora y tramita en un expediente; se comprueban los hechos y se oye a quien corresponda; finalmente se adopta una decisión o se produce otra forma de terminación. La Ley 39/2015 organiza esa tramitación en iniciación, ordenación, instrucción y finalización.

Hay una sutileza decisiva: la ordenación no espera a que acabe la iniciación ni termina cuando empieza la instrucción. Sus reglas —impulso, orden y cumplimiento de trámites— acompañan al procedimiento mientras avanza. Tampoco debe confundirse la ejecución de una resolución con una de estas cuatro fases de tramitación: viene después de que se haya decidido.

Ley 39/2015. Las fases del procedimiento administrativo

«Las fases del procedimiento administrativo», del Instituto Nacional de Administración Pública, ofrece un mapa breve antes de entrar en artículos y plazos.

Mira las cuatro fases. Presta especial atención a la explicación de la ordenación, entre 00:02:25 y 00:02:43: no es simplemente «el segundo paso» de una cadena. La parte final distingue la terminación de la ejecución posterior.

Una regla rápida para clasificar enunciados es preguntarte qué se pretende hacer: ¿abrir el asunto?, ¿mantener su tramitación ordenada?, ¿averiguar y contrastar datos para resolver?, ¿poner fin al procedimiento? Con esa pregunta en mente, los plazos dejan de ser números sueltos.



2. Iniciación: abrir el procedimiento y completar la solicitud

Un procedimiento puede comenzar de oficio, mediante acuerdo del órgano competente, o a solicitud de una persona interesada. Si se inicia de oficio, el acuerdo puede responder a iniciativa propia, orden superior, petición razonada de otro órgano o denuncia. La denuncia no inicia por sí misma el procedimiento ni convierte automáticamente al denunciante en interesado. Antes del inicio formal pueden realizarse actuaciones previas para valorar si conviene iniciarlo; no las confundas con la instrucción de un procedimiento ya abierto.

Cuando el inicio es a solicitud del interesado, el artículo 66 exige, entre otros datos, identificación, hechos, razones, petición, firma y órgano al que se dirige. Si falta un requisito exigible o un documento preceptivo, aparece uno de los plazos más preguntables:

Subsanación de la solicitud, artículo 68: diez días para corregir la falta o aportar el documento. Si no se atiende el requerimiento, se tendrá al solicitante por desistido previa resolución; no basta con dejar la solicitud sin contestar.

Ese plazo puede ampliarse prudencialmente hasta cinco días si aportar lo requerido presenta dificultades especiales, a petición del interesado o por iniciativa del órgano, excepto en procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva. Distingue esta ampliación específica de las reglas generales de ampliación de plazos, que estudiaremos al calcular vencimientos.

Hay una segunda trampa vinculada a la presentación: si una persona obligada a relacionarse electrónicamente presenta presencialmente su solicitud, se le requiere para presentarla por vía electrónica. En ese supuesto, la fecha de presentación es la de la subsanación electrónica, no la de la entrega presencial.

Ley 39/2015 - Procedimiento Administrativo 5a Parte - Iniciación del procedimiento

En «Ley 39/2015 - Procedimiento Administrativo 5a Parte - Iniciación del procedimiento», Paco Barbié desmenuza los dos supuestos de subsanación que suelen aparecer en preguntas de examen.

Ve requisitos y subsanación para fijar los diez días y la excepción de los procedimientos selectivos. Continúa con presentación electrónica; observa por qué cambia la fecha considerada como presentación cuando el solicitante estaba obligado a usar ese medio.

Contrasta esos puntos con la norma. En el capítulo II, «Iniciación del procedimiento», lee los artículos 54–55 de la sección 1.ª; los artículos 58 y 62 de la sección 2.ª; y los artículos 66 y 68 de la sección 3.ª. En el artículo 68, continúa hasta su apartado 4: contiene la regla de la fecha de presentación electrónica.

BOE-A-2015-10565 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Lee estos artículos de la Ley 39/2015 en el BOE para comprobar quién inicia realmente el procedimiento y qué ocurre cuando una solicitud necesita corrección.

En el capítulo II, sección 1.ª, empieza por las dos vías del artículo 54 y lee también el artículo 55 sobre actuaciones previas. En la sección 2.ª, localiza el artículo 58 desde el acuerdo de oficio y el artículo 62.5 desde la denuncia. En la sección 3.ª, lee el artículo 66 desde los datos de solicitud; después, el artículo 68 completo, empezando por el requerimiento y terminando en su apartado 4, que fija la fecha de presentación tras la subsanación electrónica.



3. Ordenación: que el expediente avance sin perder su orden

Una vez abierto el procedimiento, alguien debe mantenerlo en movimiento. Eso es ordenación. El expediente administrativo reúne ordenadamente los documentos y actuaciones que fundamentarán la resolución; tiene formato electrónico. El procedimiento se impulsa de oficio, con arreglo al principio de celeridad: no corresponde al interesado pedir a cada paso que la Administración continúe.

La ley también prevé concentrar en un solo acto los trámites que puedan realizarse simultáneamente y guardar el orden de incoación en asuntos homogéneos, salvo orden motivada en contrario. Por tanto, «se agrupan dos trámites compatibles» o «se impulsa el expediente» son pistas de ordenación, aunque sucedan mientras se están recabando pruebas.

El artículo 73 establece otro plazo de diez días: como regla general, los interesados deben cumplimentar los trámites que les correspondan en diez días a partir del siguiente al de la notificación del acto correspondiente, salvo que una norma fije otro plazo. Si no lo hacen, se les puede declarar decaídos en su derecho a ese trámite. No es lo mismo que tenerlos por desistidos de una solicitud inicial tras el requerimiento del artículo 68. Además, la actuación tardía se admite si llega antes o dentro del día en que se notifique la resolución que tenga por transcurrido el plazo.

La distinción para el test es funcional: solicitud inicial incompleta, subsanación; trámite durante el procedimiento no cumplido, posible decaimiento del derecho a ese trámite.



4. Instrucción: reunir los elementos para decidir

La instrucción sirve para determinar, conocer y comprobar los hechos sobre los que se resolverá. En esta fase sitúa las alegaciones sobre el fondo, la prueba, los informes y la audiencia. El órgano instructor realiza de oficio los actos de instrucción necesarios, sin excluir la intervención de los interesados.

Antes de la audiencia, estos pueden formular alegaciones y aportar documentos en cualquier momento del procedimiento. Si los hechos alegados no se tienen por ciertos o la naturaleza del procedimiento lo exige, se abre un período de prueba de entre diez y treinta días. Puede acordarse, además, un período extraordinario de prueba de hasta diez días cuando proceda. Los informes necesarios para resolver se solicitan durante la instrucción; salvo disposición expresa en contrario, son facultativos y no vinculantes y se emiten, como regla, en diez días.

Una vez instruido el procedimiento, inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pone de manifiesto a los interesados mediante el trámite de audiencia. El plazo para alegar y aportar documentos en este trámite es de diez a quince días. La ley permite prescindir de la audiencia si no figuran ni se van a tener en cuenta otros hechos, alegaciones o pruebas distintos de los aportados por el interesado. Si el enunciado habla de información pública, no la confundas con audiencia: cuando se acuerda, su plazo para formular alegaciones no puede ser inferior a veinte días.

La lectura siguiente une las dos fases que más se mezclan en los test. En el capítulo III, «Ordenación del procedimiento», céntrate en los artículos 70–73. En el capítulo IV, «Instrucción del procedimiento», lee los artículos 75–77, 79–80 y 82–83; los títulos de sus secciones —«Prueba», «Informes» y «Participación de los interesados»— te ayudarán a localizar cada plazo.

BOE-A-2015-10565 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vuelve al BOE para asociar cada plazo con el trámite al que pertenece, en lugar de memorizar una lista de cifras.

En el capítulo III, artículos 70–73, lee desde la definición de expediente hasta «Cumplimiento de trámites»; presta atención al impulso de oficio del artículo 71 y al plazo del artículo 73, que termina en la excepción normativa. Después, en el capítulo IV, sigue los artículos 75–77, 79–80 y 82–83: localiza el período de prueba desde los hechos discutidos del artículo 77; lee el plazo de informes del artículo 80; y, en «Participación de los interesados», lee la audiencia del artículo 82 desde su plazo hasta el final del artículo. Termina con el artículo 83 para distinguir el plazo de información pública.



5. Finalización: resolver, desistir, renunciar o declarar la caducidad

La forma habitual de terminar es una resolución, que debe decidir las cuestiones planteadas y las derivadas del procedimiento. La Ley 39/2015 contempla también el desistimiento, la renuncia al derecho cuando sea posible y la declaración de caducidad. Puede producir terminación la imposibilidad material sobrevenida de continuar, mediante resolución motivada; y, bajo los requisitos legales, cabe la terminación convencional mediante acuerdo.

Desistimiento y renuncia no son sinónimos: desistir supone abandonar la solicitud o el procedimiento promovido; renunciar se refiere al derecho en que se funda la solicitud, si el ordenamiento permite renunciar a él. Y recuerda el matiz de iniciación: cuando alguien no subsana su solicitud, la Administración debe dictar resolución para tenerlo por desistido.

En procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la caducidad del artículo 95 tiene una condición precisa: el procedimiento debe estar paralizado por una causa imputable a él y la Administración debe advertirle de que, si transcurren tres meses sin realizar las actuaciones necesarias para reanudarlo, se producirá la caducidad. Después acordará el archivo y lo notificará. No basta la simple inactividad en un trámite que no sea indispensable para resolver: ahí puede perderse el derecho a ese trámite, no necesariamente caducar todo el procedimiento.

No mezcles esos tres meses con otro plazo de apariencia similar. Si la norma reguladora no fija plazo máximo para notificar resolución expresa, el plazo general para hacerlo es de tres meses; si lo fija, rige el de esa norma, que no puede exceder de seis meses salvo que una ley o el Derecho de la Unión Europea establezcan otro mayor. Este es el tiempo para resolver y notificar, no la advertencia de caducidad por paralización imputable al solicitante. El cómputo preciso de ese tiempo y las consecuencias de no resolver se retomarán en la siguiente lección.

Para cerrar el recorrido normativo, ve al capítulo V, «Finalización del procedimiento». Lee los artículos 84 y 86 para reconocer las formas de terminación; el artículo 88 para identificar qué hace la resolución; y, dentro de las secciones «Desistimiento y renuncia» y «Caducidad», los artículos 94–95.

BOE-A-2015-10565 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Estos artículos permiten separar tres desenlaces que un test puede presentar con las mismas palabras cotidianas —«dejar el asunto»—, pero que tienen efectos jurídicos distintos.

En el capítulo V, comienza en el artículo 84, «Terminación», y lee también el artículo 86, «Terminación convencional». Pasa después al artículo 88, «Contenido», desde lo que resuelve. En las secciones 3.ª y 4.ª, lee los artículos 94 y 95: en este último, sigue desde la advertencia de caducidad hasta el apartado 2, que explica cuándo la falta de un trámite no permite caducar el procedimiento.



Para cerrar

Quédate con este criterio: iniciación abre y, si hace falta, subsana la solicitud; ordenación mantiene el expediente en marcha; instrucción reúne y contrasta lo necesario para decidir; finalización cierra el procedimiento. En plazos, asocia cada cifra con su nombre: diez días de subsanación, diez días como regla para cumplimentar trámites, diez a treinta de prueba, diez para informes, diez a quince de audiencia y tres meses de advertencia en la caducidad por paralización imputable al solicitante.

En la siguiente lección pasaremos de «¿en qué fase estoy?» a «¿desde qué fecha cuento y cuándo vence?»: notificaciones, publicación, silencio y cómputo de días hábiles y meses.