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Lesson 4

Elección del Mecanismo de Impugnación de Actos Administrativos

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¡Hola! En la lección anterior calculamos cuándo se practica una notificación y cuándo vence un plazo. Ahora utilizaremos esas fechas para decidir qué hacer frente a un acto administrativo: recurrirlo ante un superior, pedir al mismo órgano que lo reconsidere, acudir a un tribunal o plantear una revisión excepcional.

Este es un repaso orientado a supuestos de test. La pregunta que conviene hacerse antes de memorizar plazos es: ¿el acto pone fin a la vía administrativa? Tiempo orientativo: 40–45 minutos, incluidas las lecturas y los vídeos.


1. El primer filtro: ¿qué acto quieres impugnar?

Una resolución puede recurrirse. Un acto de trámite también, pero solo cuando decide directa o indirectamente el fondo, impide continuar el procedimiento, causa indefensión o produce un perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Si es un trámite ordinario, la regla es formular alegaciones para que se consideren al resolver, no interponer inmediatamente alzada o reposición.

Después hay que comprobar si el acto pone fin a la vía administrativa. No basta con mirar si lo ha firmado alguien con un cargo importante ni con suponer que todo acto de un órgano inferior admite alzada. Hay que atender a la norma aplicable y, en un supuesto práctico, a la indicación de recursos de la notificación. Entre los actos que ponen fin a esa vía están las resoluciones de un recurso de alzada; la Ley 39/2015 recoge otros casos en su artículo 114.

La distinción gobierna la elección ordinaria:

  • No pone fin a la vía administrativa: recurso de alzada.
  • Sí pone fin: recurso potestativo de reposición o impugnación directa ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

«Poner fin a la vía administrativa» no significa que el acto sea intocable. Significa que, para discutirlo por la vía ordinaria, ya no necesitas una alzada ante un superior.



2. Alzada y reposición: dos recorridos distintos

Lee primero la explicación institucional del Recurso de alzada, del Ministerio de la Presidencia. Es breve y sirve para fijar el criterio de elección antes de comparar plazos.

MPR. Recurso de alzada [Servicios/Recursos, reclamaciones y peticiones/Recurso de alzada]

Lee esta ficha para relacionar tres datos: qué actos admite la alzada, ante quién se plantea y cuánto tiempo hay para interponerla y resolverla.

En la página «Recurso de alzada», empieza en el párrafo «Consiste en recurrir», bajo el título principal. Lee la ficha hasta el final del apartado «Recursos», que termina indicando la excepción del recurso extraordinario de revisión. Fíjate especialmente en «Plazo para interponerlo» y «Plazo de resolución»; no necesitas continuar con el texto promocional posterior.

La alzada se interpone frente a resoluciones y actos de trámite recurribles que no ponen fin a la vía administrativa. La resuelve el superior jerárquico del órgano que dictó el acto. Puedes presentarla ante ese superior o ante el órgano que dictó el acto; si la recibe este último, debe remitirla al competente, con informe y expediente, en diez días.

Si el acto es expreso, el plazo para interponer alzada es un mes. Si es presunto, puede interponerse en cualquier momento desde el día siguiente a aquel en que se produce el silencio correspondiente. El plazo máximo para dictar y notificar su resolución es de tres meses. Por regla general, transcurridos sin resolución notificada, la alzada se entiende desestimada; existe una excepción relevante cuando se recurre una desestimación por silencio, con los límites previstos en el artículo 24.1. Contra la resolución de la alzada no cabe otra alzada ni reposición: en vía administrativa solo podrá proceder, si concurren sus causas específicas, el recurso extraordinario de revisión.

La reposición, en cambio, recae sobre un acto que sí pone fin a la vía administrativa. Es potestativa: el interesado puede pedir al mismo órgano que dictó el acto que lo reconsidere, o puede acudir directamente a la vía contencioso-administrativa. Si elige presentar reposición, debe esperar a su resolución expresa o a que se entienda desestimada antes de acudir al contencioso.

También aquí hay un mes para interponerla frente a un acto expreso, y posibilidad de interponerla en cualquier momento desde el día siguiente al silencio si el acto es presunto. Lo que cambia es el plazo para resolver y notificar: un mes, no tres. Contra la resolución de una reposición no cabe otra reposición.

El vídeo de OpositaTest, Recursos de la Ley 39/2015 para opositores, reúne alzada, reposición y revisión extraordinaria en un esquema visual. Úsalo como repaso, con una corrección importante indicada debajo.

Recursos de la Ley 39/2015 para opositores 👉 Alzada, Reposición, Revisión

Mira el esquema de OpositaTest para comparar qué acto se recurre, quién resuelve y cuáles son los plazos de cada recurso.

Ve la alzada y contrasta su plazo de resolución con la ficha anterior. Continúa con la reposición, fijándote en que decide el mismo órgano. Termina con la revisión extraordinaria, atendiendo a sus causas tasadas. Corrección para tus apuntes: hacia el final del tramo de reposición se dice «treinta días» para resolver; el artículo 124.2 de la Ley 39/2015 establece un mes. No sustituyas un mes por treinta días en el examen.

Idea de test: «un mes» aparece como plazo de interposición tanto en alzada como en reposición frente a actos expresos. Para resolver, alzada tiene tres meses y reposición uno.



3. Cuando el acto ya es firme: revisión extraordinaria

Imagina una resolución que ha quedado firme en vía administrativa. Haber dejado pasar el plazo ordinario no permite presentar una alzada o una reposición fuera de tiempo. El recurso extraordinario de revisión tampoco es una segunda oportunidad general para discutir si la Administración interpretó bien la norma: solo procede por las causas tasadas del artículo 125 de la Ley 39/2015.

Son cuatro:

  1. Error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.
  2. Aparición de documentos de valor esencial para resolver que evidencien el error de la resolución.
  3. Influencia esencial de documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme.
  4. Resolución dictada como consecuencia de una conducta punible, declarada por sentencia judicial firme.

Se interpone ante el órgano que dictó el acto, que también lo resuelve. El plazo depende de la causa: cuatro años desde la notificación de la resolución si se alega el error de hecho de la primera causa; tres meses desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia quedó firme en los demás casos. Si pasan tres meses desde su interposición sin resolución notificada, se entiende desestimado y queda abierta la vía contencioso-administrativa.

La palabra clave es hecho: discrepar de una valoración jurídica no convierte la discrepancia en el error de hecho que exige este recurso.



4. Revisión de oficio: no es otro nombre para «presentar un recurso»

Hay supuestos en los que el problema no es escoger entre alzada y reposición, sino que un acto incurre en nulidad de pleno derecho. La Administración puede declarar esa nulidad mediante revisión de oficio conforme al artículo 106 de la Ley 39/2015. El procedimiento puede iniciarse por iniciativa administrativa o a solicitud de persona interesada, respecto de actos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no se recurrieron en plazo. Exige una causa de nulidad del artículo 47.1 y dictamen favorable del órgano consultivo correspondiente. No basta con decir que el acto «es injusto» o tiene cualquier defecto: la simple anulabilidad no equivale a nulidad de pleno derecho.

La revisión de oficio puede plantearse en cualquier momento, aunque tiene límites legales, entre ellos los derivados del tiempo transcurrido, la buena fe y los derechos de los particulares. Si el procedimiento se inicia de oficio y pasan seis meses sin resolución, caduca; si se inicia a solicitud del interesado, esta puede entenderse desestimada.

El siguiente fragmento de Paco Barbié, Ley 39/2015 Procedimiento Administrativo, 10.ª parte, ayuda a separar la nulidad de otro supuesto que suele confundirse con ella: la lesividad.

Ley 39/2015 Procedimiento Administrativo 10a Parte - Revisión de actos en vía administrativa.

Mira la explicación de revisión de oficio y lesividad para distinguir qué ocurre con un acto nulo y qué debe hacer la Administración ante un acto favorable pero anulable.

En actos nulos, céntrate en la causa de nulidad, el dictamen favorable y el plazo de seis meses del procedimiento. Después, en lesividad, identifica el caso distinto: un acto favorable anulable que la Administración pretende impugnar judicialmente.

Si la Administración quiere combatir su propio acto favorable anulable porque perjudica el interés público, la vía específica es declararlo lesivo y después impugnarlo ante la jurisdicción contencioso-administrativa. La declaración de lesividad solo puede adoptarse dentro de los cuatro años desde que se dictó el acto; si pasan seis meses desde la iniciación del procedimiento sin declararla, este caduca. Para el test, no intercambies las etiquetas: nulidad de pleno derecho y artículo 106 frente a acto favorable anulable y lesividad del artículo 107.

Tampoco confundas estas vías con la rectificación de un error material, de hecho o aritmético, que la Administración puede efectuar en cualquier momento conforme al artículo 109. Corregir una cifra transcrita erróneamente no es volver a decidir el fondo de una reclamación.



5. ¿Cuándo entra el recurso contencioso-administrativo?

El contencioso-administrativo es una impugnación judicial, no un recurso administrativo resuelto por otro órgano de la Administración. Para elegirlo en un supuesto breve, comprueba primero que el acto pone fin a la vía administrativa. Si procede alzada, esa es la vía ordinaria previa; si el acto ya pone fin, normalmente puedes acudir directamente al contencioso sin presentar reposición.

Frente a un acto expreso, el plazo general de interposición del contencioso es de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación o publicación válida. Si optaste antes por la reposición, no presentes simultáneamente el contencioso: espera su resolución expresa o su desestimación presunta. Tras una resolución expresa de la reposición, vuelve a ser relevante el plazo de dos meses para la impugnación judicial.

Para un acto presunto, el artículo 46 de la Ley 29/1998 establece literalmente seis meses desde el día siguiente a la producción del acto presunto. Matiz importante: cuando se trata de silencio desestimatorio, no debe tratarse ese plazo como un cierre automático de la vía judicial mientras la Administración siga sin cumplir su obligación de resolver; la interpretación constitucional y jurisprudencial impide que el silencio negativo perjudique de ese modo al interesado. En un test que pida el plazo literal de la ley, la respuesta es seis meses; si pregunta por la posibilidad efectiva de impugnar una desestimación presunta tardíamente, hay que tener presente ese matiz.

Una última precaución: interponer un recurso administrativo no suspende por sí solo la ejecución del acto. La suspensión requiere que proceda conforme a las reglas aplicables; no la des por supuesta porque alguien haya recurrido.



El esquema que conviene retener

Situación del acto Vía que debes reconocer Quién decide Plazo de interposición frente a acto expreso
No pone fin a la vía administrativa Alzada Superior jerárquico 1 mes
Pone fin a la vía administrativa Reposición, si se elige Mismo órgano 1 mes
Pone fin a la vía administrativa Contencioso directo Órgano judicial competente 2 meses
Firme en vía administrativa y concurre una causa tasada Revisión extraordinaria Órgano que dictó el acto 4 años por error de hecho; 3 meses en las otras causas, con sus respectivos puntos de partida
Nulidad de pleno derecho en las condiciones del artículo 106 Revisión de oficio Administración, con dictamen favorable del órgano consultivo Puede promoverse en cualquier momento, sujeto a los límites legales


Para cerrar

Resuelve estos supuestos en este orden: comprueba si el acto o trámite es recurrible; determina si pone fin a la vía administrativa; elige el órgano y la vía; distingue el plazo para interponer del plazo para resolver; y solo después calcula fechas con las reglas de la lección anterior. Alzada significa superior jerárquico; reposición, mismo órgano y elección potestativa; revisión extraordinaria, firmeza y causa tasada; revisión de oficio, nulidad de pleno derecho; contencioso, control judicial.

En la siguiente lección cambiaremos de pregunta: no cómo impugnar un acto, sino cuándo puede reclamarse a la Administración por un daño sanitario, con especial atención al daño indemnizable, la causalidad y el plazo.